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Las bancadas Indígenas y Unidos, de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Tarija, calificaron como un «golpe de Estado» la sentencia de la justicia ordinaria para anular la designación del asambleísta en representación del pueblo weenhayek, Federico Salazar, quien hace siete días fue elegido como presidente de esa entidad.
El asambleísta por el pueblo guaraní, Nicolás Montero, cuestionó el accionar del Tribunal Departamental de Justicia que desconoce el derecho de una etnia a elegir a su representante por usos y costumbres.
«Esto no solo es un golpe de Estado, sino también político porque el fallo judicial es contrario a la justicia indígena y a la Constitución Política del Estado (CPE)», expresó Montero.
Según fuentes del pueblo weenhayek, una facción minoritaria de esa etnia y allegada al Movimiento al Socialismo (MAS) presentó una Acción Popular ante la justicia ordinaria para pedir la anulación de la designación de Federico Salazar como representante en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).
Montero dijo que es sorprendente que recién hayan presentado la nulidad representativa de Salazar después de transcurrir un año de gestión legislativa.
A su criterio, el MAS está por detrás, ya que los pueblos indígenas están con el pueblo y no apoyan a ese partido como en el pasado.
El jefe de bancada de Unidos, Rubén Reyes, coincidió con Montero, al decir que el fallo judicial es una claro «golpe de Estado» a la autonomía departamental de Tarija debido a que, mediante la justicia ordinaria, se busca doblegar a la democracia por una ambición política del partido en función de gobierno para tomar el control de la Asamblea Legislativa.
«Seguramente los representantes del pueblo weenhayek agotarán las acciones para revertir la decisión judicial y le pedimos al órgano electoral asumir su responsabilidad y respeto en el marco de las normas vigentes en el país», manifestó Reyes.
