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Verdad Escrita 🇮🇩🖋️ |9/01/2026|
Grupos delincuenciales bloquean en tránsito vehicular, exigiendo pagos irregulares para el tránsito de motorizados particulares y transporte público. Esta práctica afecta a miles de ciudadanos y configura delitos; por lo tanto, la Policía Boliviana y el Ministerio Público están en la obligación de actuar “de oficio”, tal como lo establece el Código Penal.
Los afines a la Central Obrera Boliviana (COB), magisterio, campesinos, mineros cocaleros e integrantes de los denominados “movimientos sociales”, se han dado a la tarea de cerrar rutas con detonaciones de dinamita, retenciones forzadas y cobros abusivos, coacción que genera fuentes de lucro ilícito por parte de estos grupos.
El artículo 303 del Código Penal castiga con 1 a 3 años de reclusión el impedimento o restricción a la libertad de trabajo, profesión u oficio, aplicable a bloqueos que obstaculizan trabajos diarios. El artículo 213 agrava la pena de 2 a 8 años por perturbar la seguridad o regularidad de los transportes terrestres públicos. La Policía debe despejar vías y coordinar aprehensiones, bajo obligación constitucional.
Los ciudadanos, en contacto con EL DIARIO, exigieron la acción inmediata Comando General de la Policía Boliviana para restablecer de manera permanente el tráfico y no fomentar la impunidad.
Por otro lado, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que el número de puntos de bloqueo en contra el Decreto Supremo 5503 se elevó ayer por la tarde a 36, de acuerdo con la actualización del mapa de transitabilidad.
Los bloqueos obligaron a suspender las salidas de buses desde las terminales de La Paz y El Alto. En Cochabamba, las salidas hacia el occidente están paralizadas, mientras que hacia el oriente se realizan por rutas alternas. En Santa Cruz, el transporte interdepartamental hacia Cochabamba también fue desviado por la antigua carretera.
Fuente: El Diario
