Verdad Escrita Noticias de Tarija y el Mundo
Artículos Relacionados
Verdad Escrita. |22/07/2025|
El Comité de Defensa de Tariquía, representado por Juan Mendoza, ha expresado su profunda preocupación por las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras en las comunidades de la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía. Mendoza denunció que estas empresas petroleras «siguen chantajeando a nuestras comunidades llevando medicamentos con el Ministerio de Salud» y están actuando de una «mala manera», buscando ingresar al cantón Chiquiacá de forma «mañosa» para continuar con sus trabajos.
Imputación de comunarios y proceso Judicial en curso
La situación se agrava para los defensores de Tariquía, ya que, según Mendoza, hay más de 12 comunarios imputados en un proceso judicial.
Explicó que el juez de Entre Ríos no halló «evidencia clara para YPFB», lo que llevó a la petrolera a solicitar que el proceso continúe, a pesar de que, según los comunarios, deberían «respetarse nuestros derechos como defensores de Tariquía». Mendoza señaló que se les pidió detención domiciliaria, pero se les dejó en libertad para defenderse, aunque el proceso judicial aún continúa.
Ante esta situación, el representante del Comité de Defensa de Tariquía hizo un llamado a la opinión pública para que «se manifieste en situaciones que deberían trabajar y velar por el interés de los derechos humanos». Recalcó que la principal preocupación de su organización es velar por la reserva de Tariquía.
Acusaciones de chantaje continuo y exigencia de respeto a derechos
Mendoza reiteró que las empresas «no están trabajando directamente» y que YPFB y Petrobras «siguen ingresando a las comunidades para seguir chantajeando con mentiras, con trabajo, como siempre lo han hecho». Esta declaración sugiere un patrón de comportamiento por parte de las empresas para obtener el consentimiento de las comunidades a través de dádivas o promesas, en lugar de un diálogo transparente y respetuoso de sus derechos territoriales y ambientales.
La denuncia del Comité de Defensa de Tariquía pone nuevamente en el centro del debate la tensión entre la explotación de recursos naturales y la protección de territorios indígenas y áreas protegidas en Bolivia, así como el respeto a los derechos humanos de los defensores ambientales.
Este conflicto en Tariquía no es un hecho aislado, sino que forma parte de una dinámica recurrente en Bolivia donde los intereses extractivos chocan con los derechos de los pueblos indígenas y la conservación ambiental. La falta de una consulta previa, libre e informada, garantizada por convenios internacionales, es un punto de fricción constante que genera desconfianza y confrontación en estas zonas.
La persistencia del proceso judicial contra los comunarios, a pesar de la aparente falta de pruebas contundentes, es percibida como una forma de amedrentamiento para desmovilizar la resistencia. El llamado de Juan Mendoza a la opinión pública busca generar presión y visibilizar la vulneración de derechos que, según ellos, enfrentan en su legítima defensa de un ecosistema vital como la Reserva de Tariquía, esencial para el equilibrio ambiental y el sustento de las comunidades locales.
Fuente: El Periódico
