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Verdad Escrita. |30/06/2025|
La diputada nacional Luciana Campero ha denunciado lo que considera una «persecución política» y un «boicot» por parte del Órgano Electoral Plurinacional, tras ser notificada de su inhabilitación como candidata en las listas publicadas el pasado viernes 6 de junio. Campero, junto a Daniela Cabrera de la alianza Unidad, actual concejal, son las únicas inhabilitadas por supuestos incumplimientos que, según la legisladora, contradicen una sentencia constitucional y la propia información proporcionada por el personal electoral.
Contradicción entre sentencia constitucional y requisitos de renuncia
Campero explicó que su inhabilitación se basa en dos supuestos incumplimientos: el inciso 5, referente a una declaración jurada, y el inciso 9, que exige la renuncia al cargo. La diputada expresó su asombro ante la segunda causal, dado que existe una sentencia constitucional (0032/2019) que, según ella, «indica que los funcionarios públicos que tengan un cargo electo no deberán renunciar para participar de una elección».
«No entiendo cómo me pueden inhabilitar por el inciso 9 si es que hay una sentencia constitucional que indica que los funcionarios públicos que tengan un cargo electo no deberán renunciar para participar de una elección», afirmó Campero. La legisladora señaló que si este requisito fuera válido, también deberían haber renunciado otras figuras políticas de relevancia nacional y departamental, como «Manfred Reyes Villa, Andrónico Rodríguez, Carlos Alarcón, Andrea Barrientos, Juan Carlos Medrano, en Tarija Miguel Rejas que es candidato de Andrónico, Gladys Alarcón, entre otros, solo para citar algunos ejemplos». Esto refuerza su argumento de que la inhabilitación es selectiva y arbitraria.
Discrepancias sobre la declaración jurada y evidencia de presentación
Respecto a la observación de la declaración jurada, el Órgano Electoral indicó que Campero no la había presentado. Sin embargo, la diputada refutó categóricamente esta afirmación. Relató que el pasado 9 de junio, personal del propio Órgano Electoral en La Paz le confirmó que su declaración jurada «estaba ingresada, es decir que estaba adentro». La razón de su inhabilitación, según le informaron en ese momento, se debía a un informe de la Contraloría General del Estado que mencionaba a candidatos que no habían renunciado a su cargo, incluyéndola a ella y a Daniela Cabrera en ese grupo, a pesar de que la sentencia constitucional la eximía de ese requisito.
«Ayer el Órgano Electoral sale a decir que no hay mi declaración jurada, lo que es totalmente falso», enfatizó Campero. Para respaldar su argumento, la diputada mostró tener una fotocopia de la declaración jurada que entregó al delegado de su partido, LIBRE. Además, cuenta con una solicitud de fotocopia legalizada de dicha declaración jurada, la cual incluye un código QR que, al ser escaneado y consultado en el DIRNOPLO (Dirección Nacional de Registro Público), muestra el certificado de la declaración jurada emitido el 17 de mayo. «Los candidatos podían presentar esa información hasta el 19 de mayo, yo la saqué el 17 y el mismo día entregué a los delegados de LIBRE», precisó.
Acusación directa de violencia política
Ante esta situación, Luciana Campero concluyó que existe «claramente un afán de boicot y persecución política que no es otra cosa más que persecución política por parte del Órgano Electoral». La diputada afirmó tener pruebas que demuestran la existencia de un vocal del Órgano Electoral que, desde el año 2021, «viene presionándome y buscando la forma para tratar de boicotear y arruinar mi carrera política, y eso se traduce también como violencia política».
Finalmente, Campero cuestionó la lógica detrás de la inhabilitación, argumentando: «Yo no podría tener un certificado tramitado el 17 de mayo, no hubiera ido a hacer fila, el trámite burocrático, a gastar la plata que a nadie le sobra, si no hubiera querido presentar esa dichosa declaración jurada». La diputada espera que se haga justicia y se respete su derecho a participar en las elecciones.
Fuente: El Periódico
