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Verdad Escrita. |21||08|2024|
La Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, que agrupa a más de 50 organizaciones a nivel nacional, expresó su preocupación por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que podría abrir la puerta a la mercantilización de las funciones ambientales en Bolivia. El secretario técnico de la Plataforma, Juan Carlos Alarcón, señaló que esta decisión representa un retroceso en la protección del medio ambiente en el país.
El TCP declaró inconstitucional una parte de la Ley de la Madre Tierra, específicamente el artículo 32, que prohibía la mercantilización de las funciones ambientales, lo que incluye procesos como la evapotranspiración, captura de carbono, polinización y purificación del agua y suelo. Con esta sentencia, los bonos de carbono, que hasta ahora estaban prohibidos, podrían legalizarse en Bolivia.
Al respecto, Alarcón expresó: “Esta sentencia plantea que es inconstitucional el artículo 32 de la Ley 300 de la Madre Tierra, lo que da constitucionalidad a la mercantilización de las funciones ambientales. Este artículo prohibía la mercantilización de las funciones ambientales, y ahora, con esta decisión, se está permitiendo que se comercialicen”.
Los bonos de carbono son un mecanismo que permite a empresas e instituciones obtener créditos si logran reducir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero (GEI) por debajo de un umbral específico. Sin embargo, Alarcón advirtió que este sistema podría ser utilizado por países desarrollados para continuar contaminando el medio ambiente sin tomar medidas efectivas para reducir sus emisiones.
“Desde la Plataforma, consideramos que los impactos de esta sentencia serán graves, ya que permitirá a los países más desarrollados comprar bonos de carbono para seguir contaminando. Esto no representa una lucha consistente contra el cambio climático, y para Bolivia, es una gran contradicción, ya que históricamente ha liderado la defensa de los derechos de la Madre Tierra y se ha opuesto a los mercados de carbono”, agregó Alarcón.
La Plataforma también cuestionó los argumentos presentados por el TCP, que sostiene que el artículo inconstitucional privaba a los bolivianos del derecho a un medio ambiente sano y saludable, y que violaba acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto.
Finalmente, Alarcón rechazó la sentencia del TCP, sugiriendo que detrás de esta decisión podrían estar intereses económicos de empresas intermediarias en el mercado de carbono, que buscan obtener ganancias a expensas del medio ambiente. “Rechazamos esta sentencia porque creemos que hay millones de dólares en juego, y los que se llevan la mayor parte de los recursos son los intermediarios que negocian en el mercado internacional”, concluyó.
Fuente: Brújula Digital
