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Verdad Escrita🇮🇩🖋️ |9/10/2025|
La prórroga de mandatos decretada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) representa una ruptura grave del equilibrio constitucional y un riesgo para la estabilidad democrática de Bolivia, señala el Informe sobre el Estado de la Justicia 2024, presentado por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y elaborado por Fundación Construir.
Bajo el argumento de “continuidad institucional”, el TCP construyó funciones que no le correspondían, extendiendo indefinidamente su mandato y el del sistema judicial, hecho que vulnera principios constitucionales fundamentales y afecta la independencia judicial, advierte la experta en justicia y procesos electorales, Carolina Floru.
En sus palabras, esta prórroga “no solo implica una ruptura del espíritu constitucional, sino que se convierte en un poder que debería ser contrapeso en un actor que se autoprórroga en el poder de forma ilegítima”.
La experta añadió que “la decisión del TCP crea un precedente peligroso porque quien debe garantizar el equilibrio de poderes terminando usurpando funciones que no le corresponden, afectando la autoridad del sistema judicial y la confianza ciudadana en la justicia”.
Al respecto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por esta práctica que erosiona el Estado de Derecho, mientras que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) advirtieron que la inseguridad jurídica resultante afecta la gobernabilidad y la estabilidad democrática.
El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia denunció penalmente a cinco magistrados del TCP por la prórroga ilegal de sus mandatos, acusándolos de resoluciones contrarias a la Constitución y usurpación de funciones, mientras que la oposición política califica la acción como un intento de perpetuación en el poder.
La denuncia fue pasada ayer por la Fiscalía General del Estado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)
CRISIS ESTRUCTURAL Y ELECTORAL
Otro de los aspectos abordados por Floru fue la crisis del sistema judicial boliviano es estructural y político.
Las elecciones judiciales instauradas desde 2011 para dar legitimidad democrática a las autoridades no han logrado asegurar la independencia ni confianza ciudadana.
En 2011, la ilusión democrática se vio frustrada por campañas limitadas y una preselección politizada; en 2017 el rechazo ciudadano se incrementó con altos niveles de votos nulos y blancos (más del 65%); en 2024, pese a una participación récord (82%), el proceso se vio empañado por paralizaciones y conflictos institucionales, siendo la prórroga del TCP uno de los factores que más debilitó la percepción de legitimidad.
Para Carolina Floru, “sin justicia independiente no hay democracia verdadera. La justicia es el mayor escudo contra la arbitrariedad y el abuso de poder. Cuando la justicia se politiza, se pierde la confianza del ciudadano y se debilita el Estado”.
Fuente: El Diario
