
Verdad Escrita 🖋️|26/08/2025|
Ante la ola de protestas de parte de detenidos en las cárceles bolivianas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ayer ordenó que se instalen “jornadas de verificación” del cumplimiento de las medidas cautelares de detención preventiva.
“Todas las autoridades jurisdiccionales en todos los tribunales departamentales de justicia de todo el Estado boliviano, de manera inmediata y dentro de las facultades constitucionales, convencionales y legales que les investiguen (deben) proceder a la organización de ‘jornadas de verificación’ del cumplimiento de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos a cargo de cada juzgado y/o tribunal de cada distrito”, dice la orden del TSJ, informó el diario Correo del Sur.
Tras el cambio producido por el resultado electoral, que marcaron el fracaso del MAS, la semana pasada el TSJ emitió un instructivo exigiendo que se revisen los plazos de quienes son considerados los tres principales presos políticos del país: el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el exdirigente cívico de Potosí Marco Antonio Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez.
La decisión causó polémica por su aparente cálculo político y por ser discriminatoria: en el país, unos 20.000 detenidos, de los 33.000 presos de las cárceles, están en sistema de detención preventiva, sin que sus procesos avancen.
Ante la situación, miles de detenidos de distintas cárceles bolivianas protestaron por la decisión del TSJ, exigiendo ser beneficiados por los mismos derechos. Lamentaron que el TSJ “se acuerde recién” de este tema, cuando desde hace años se denuncia que esta situación existe.
“Igualdad de derecho, igualdad de derechos”, gritaban ayer los detenidos del penal de San Pedro.
En Trinidad, un delegado de los detenidos leyó un comunicado en el que se denuncia “discriminación” por parte de las autoridades judiciales.
“Nosotros tenemos en Trinidad una decena de personas que están cinco años con detención preventiva y no se inician sus juicios. Y ahora se les da preferencia a tres que son de renombre político”, dijo uno de los representantes a radio Fides. La misma situación se veía en el resto del país.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, coincidieron en que la revisión de plazos debe aplicarse de forma universal.
Callisaya precisó que, a junio de 2025, el 58,2% de los 33.275 privados de libertad en Bolivia se encuentra en detención preventiva.
Rodríguez Veltzé recordó que la cifra de los “detenidos preventivos” supera las 20.000 personas en los recintos penitenciarios del país, recordó el portal Sumando Voces. (Brújula Digital)
Fuente: El Diario
Verdad Escrita Noticias de Tarija y el Mundo