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Verdad Escrita. |22/08/2025|
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) emitió un comunicado denunciando los actos de violencia sistemática que se estarían cometiendo en el interior del centro penitenciario de Morros Blancos y en otros recintos a nivel departamental, los cuales atentarían contra el derecho a la vida y la integridad psicológica de los reclusos.
Yolanda Herrera, vicepresidenta de la organización, alertó sobre agresiones que han generado lesiones de extrema gravedad, citando el caso de una persona que se encuentra hospitalizada con una herida profunda. “No es la primera vez; ya habíamos denunciado anteriormente”, afirmó.
Desde la perspectiva de la pastoral carcelaria y los derechos humanos, Herrera identificó tres aspectos críticos: primero, una violencia “sistemática” que no solo es física, sino también psicológica, y que se extiende a las familias que visitan a los reclusos, quienes serían víctimas de extorsiones reiteradas.
En segundo lugar, señaló la existencia de “grupos organizados que actúan con impunidad” al interior de las prisiones, cuya presencia ha sido identificada pero, según la denuncia, no se han tomado medidas al respecto. Herrera atribuyó esta inacción a una “debilidad y corrupción institucional que obstaculiza el acceso a una justicia pronta, objetiva e imparcial”.
Como tercer punto, exigió que las investigaciones no solo se enfoquen en los autores materiales de los delitos, sino también en los intelectuales que, desde las sombras, guían y ordenan estos actos.
La representante de la APDHB hizo un llamado urgente al Ministerio de Gobierno y al Sistema de Administración Penitenciaria para que intervengan de inmediato y garanticen la vida y seguridad de los privados de libertad. “El Estado no solo viola los derechos humanos por acción, también lo viola cuando no presta garantías”, sostuvo.
Herrera también reveló que, según datos recabados, entre “20 y 30 personas” habrían perdido la vida en estos contextos, muchas de ellas “no por causas naturales”. Ante esta situación, demandó una investigación “independiente y transparente”, justicia para las víctimas, y la declaración de un “estado de alerta permanente”.
La violencia, explicó, muchas veces estalla por motivos de extorsión, como el cobro del cuarto, afectando incluso a personas que llevan apenas cuatro días detenidas.
Redacción: Gustavo Aguilar
