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Verdad Escrita. |10/01/2025|
Tras ser aprobado el proyecto de ley que busca permitir el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin la participación de los magistrados “autoprorrogados”, surgen varias interrogantes sobre cómo se desarrollará este proceso y si es viable o no, tomando en cuenta que todavía tiene que pasar por dos instancias: la aprobación en la Cámara de Diputados y la promulgación por el Presidente.
El constitucionalista José Antonio Rivera señaló que la decisión adoptada por el TCP de prorrogarse en sus funciones por más de un año es ilegal e inconstitucional.
Norma aprobada
La ley que aleja a los magistrados prorrogados aprobada el martes en el senado dispone que el TSJ funcionará con siete magistrados y el TCP con cuatro magistrados “mientras se eligen las autoridades en los departamentos donde no se llevaron a cabo las elecciones judiciales, dejando de lado a las autoridades judiciales autoprorrogadas”.
Para Rivera, “la única vía para legitimar y constitucionalizar el funcionamiento del TCP y del TSJ es esta ley transitoria que redefine la composición de ambos tribunales”, señaló.
La ley es viable
Rivera advirtió que la Constitución Política del (CPE) no define el número de integrantes del TCP y menos del TSJ. “Por lo tanto, siendo una ley la 027, que define el número de magistrados del TCP y la 025, la del TSJ, es perfectamente viable que mediante una ley de transición se determine el número de magistrados, mientras se realice la elección complementaria en los departamentos en los que no se eligieron magistrados”, puntualizó.
Trabas
Rivera observa que los posibles obstáculos que podrían presentarse en el proceso son de carácter político.
“Es decir que, en la Cámara de Diputados, la mayoría rechace este proyecto de ley, y, si lo aprueba, el presidente podría vetar o someter a control preventivo de constitucionalidad, remitiendo en consulta al TCP”, explicó.
El jurista insistió en que los cinco magistrados autoprorrogados no tendrían que intervenir en caso de que el presidente lo someta a control preventivo.
Rivera propone que sólo deben pronunciarse los cuatro magistrados constitucionalmente designados como miembros del TCP.
“Reitero, éste no es un tema jurídico que resolverá esto, sino una voluntad política de restablecer la constitucionalidad en la integración del TCP y del TSJ”, concluyó Rivera.
Fuente: Los Tiempos
