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Verdad Escrita. |3|12|2024|
La mayoría de los comunarios de la Reserva de Tariquía se declararon en emergencia y difundieron un documento mientras los de Chiquiacá, que son parte de la zona, aunque en otro extremo, siguen en vigilia como hace meses.
En un documento que difundieron hicieron notar que todos quienes viven en la Reserva ratificaron su firme decisión de defender la integridad de este territorio, que es de ellos, de su vida, frente a “la invasión petrolera que abusca afectar al 50% de la zona”.
Las dirigentes de Tariquía, Paola Gareca Vaca y de Chiquiacá, Aurora Ríos Rodríguez, mostraron el documento difundido, la primera admitió que están previendo asumir medidas de presión oportunamente, frente a la actitud de las petroleras y el gobierno.
“Ratificamos nuestra decisión de defender nuestra libertad, nuestros medios de vida, el agua y nuestro derecho a vivir en paz, gozando de los productos de nuestro trabajo en armonía con la naturaleza, prosigue el documento divulgado.
Las dirigentes criticaron que las petroleras y el gobierno hacen caso omiso a las decisiones de la zona, expresada hace ocho años, invadieron el territorio por parte sur en Churumas y Astilleros y por la parte noreste, en la parte de Saicán Chiquiacá.
Denunciaron que los proyectos hidrocarburíferos en el bloque Churumas, que están en el núcleo de la zona, están poniendo en riesgo, amenazando radicalmente, la estabilidad y los objetivos de la Reserva de Tariquía, que es zona protegida.
“Esto debido, a un redescubrimiento el 2023, de un potencial de gas”, añade el documento al agregar que se prevén en la zona la construcción de infraestructura de transporte y logística, desde la Reserva de Tariquía hasta el campo San Alberto.
“Dando así la sentencia de muerte a esta importante Reserva de carácter nacional”, continúa el documento mientras la dirigente de Chiquiacá admite que la petrolera ingresó a Saicán, aun así, continúan en vigilia sin descartar otras medidas de presión.
Exigen que el estado boliviano debe honrar sus compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, la inmediata anulación de las acciones penales iniciadas por YPFB y Petrobras contra 27 personas de las comunidades de Chiquiacá.
Estas personas son reconocidas como Defensores Ambientales, como lo reconoció la propia Defensoría del Pueblo, remarca el documento.
Fuente: El Periódico
