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Verdad Escrita. |12|09|2024|
A pesar de que más de 4 millones de hectáreas de bosques y pastizales han sido consumidas por el fuego en Bolivia, incluyendo áreas protegidas de vital importancia, la reacción del Gobierno ha sido tardía e insuficiente y recién ayer emitió la declaratoria de pausa ambiental permanente en todo el país.
A medida que los incendios se extendían sin control, afectando no solo el medio ambiente, sino también la salud de las poblaciones cercanas, la respuesta estatal no logró estar a la altura de la magnitud del desastre ecológico. La humareda se expandió a varios departamentos, dejando en evidencia la falta de planificación efectiva y medidas preventivas.
El Gobierno, bajo presión por la catástrofe ambiental que se agudiza, anunció la promulgación de un decreto supremo que declara una pausa ambiental en el país.
Sin embargo, la iniciativa llega cuando el daño ya es irreversible en muchas zonas, con miles de hectáreas de flora y fauna perdidas.
La “pausa ambiental” se implementa tras meses de incendios, cuando las medidas deberían haber sido preventivas desde un principio, especialmente en áreas protegidas que, por ley, deberían haber contado con una defensa más estricta y un monitoreo constante.
«La pausa ambiental es indefinida hasta que se realicen trabajos de repoblamiento y se evalúe el financiamiento para restaurar las condiciones ambientales», declaró el ministro de Medio Ambiente Alan Lisperguer, pero esta acción no logra disimular el hecho de que, mientras las llamas avanzaban, el Gobierno hizo poco, a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), facilitando indirectamente la expansión del desastre. El Decreto Supremo 5225, que suspende estas autorizaciones y prohíbe emitir nuevas, parece más un intento de control de daños que una verdadera política de protección ambiental.
A pesar de la gravedad de la situación, no hay garantías que la restauración de las tierras afectadas se lleve a cabo de manera efectiva. Según el Artículo 4 del decreto, las tierras fiscales afectadas por incendios serán consideradas no disponibles durante un mínimo de cinco años, pero no queda claro si este plazo será suficiente para la recuperación de ecosistemas severamente dañados.
ENDURECIMIENTO DE PENAS
Por su parte, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley que endurece las penas para quienes provocan incendios, proponiendo castigos de entre cinco y ocho años de cárcel. Sin embargo, esta medida parece más simbólica que efectiva, considerando que la supervisión y control para prevenir estos desastres han sido inadecuados. Las sanciones, si bien necesarias, no revertirán el daño ya hecho ni frenarán futuros incendios si no se aplican mecanismos de vigilancia y control rigurosos.
Las autoridades han sido claras en que las personas que promuevan, ordenen o se beneficien de incendios forestales también enfrentarán penas de prisión. No obstante, el sistema judicial y de control gubernamental ha demostrado, en varias ocasiones, ser ineficiente y permisivo con la deforestación y los incendios provocados, lo que genera dudas sobre la verdadera implementación de estas sanciones.
Fuente: EL DIARIO y agencias
