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Verdad Escrita. |10|05|2024|
El presidente Luis Arce dejó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el destino del Decreto Supremo 5143 que reglamenta la ley sobre Derechos Reales, y aseguró que la intención del Gobierno es proteger la propiedad privada.
“Hemos visto que se han presentado algunos recursos (contra el decreto 5143) para que sea el Tribunal Constitucional quien pueda manifestarse al respecto; esperaremos qué dice el Tribunal Constitucional”, afirmó, en un diálogo con periodistas.
Asimismo, lamentó la campaña de desinformación promovida por la “derecha”; para inquietar a la población diciéndole que se les va “expropiar” sus casas.
“Nunca ha pasado por nuestra cabeza la expropiación de viviendas de la población, repito, solamente eso he escuchado de la mente de la derecha en el 2009; y lamentamos que algunos compañeros hayan caído en ese mismo discurso de la derecha”.
Derechos Reales
Remarcó, más bien, que el objetivo del decreto es “ordenar” a Derechos Reales, contar con un sistema informático único; y no “34 sistemas que están actuando ahí independientemente”, y evitar hechos como los dobles registros y ventas de casas y terrenos sin que los dueños se enteren.
Asimismo, reiteró que la meta del Gobierno es contar con un “Derechos Reales fortalecido, automatizado; y sistematizado, para que no haya posibilidad de que una casa, un departamento o un terreno tenga tres o cuatro dueños”.
Comparó la situación con lo ocurrido en 2009, cuando los políticos de oposición alertaban falsamente a la población que el Gobierno pretendía quitarle sus casas y vehículos con la nueva Constitución Política del Estado.
La bancada del MAS-IPSP, a través del diputado Juan José Jauregui, presentó este jueves al TCP una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto contra la forma en que se aprobó el decreto; y solicitó la medida cautelar de suspensión en su aplicación hasta conocer una sentencia.
Diversos sectores sociales protestaron esta semana contra la norma; bajo el discurso de que hay el riesgo que les “quiten” la propiedad de sus bienes inmuebles.
Fuente: La Razón
