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Desde que se reanudó el juicio oral del caso Golpe II, al menos 12 políticos que apoyaron la sucesión de Jeanine Añez y que asumieron cargos o tuvieron influencia en el gobierno transitorio ahora callan sobre la exmandataria. El proceso está en la etapa de los alegatos finales y se prevé que el tribunal dicte sentencia.
El 12 de noviembre de 2019, cuando Añez asumió el mando del Estado, los entonces legisladores Yerko Núñez, María Elva Pinckert, Eliane Capobianco, Víctor Hugo Zamora, Óscar Ortiz, Arturo Murillo, Wilson Santamaría, Rafael Quispe, Gonzalo Barrientos y María Lourdes Landívar acompañaron a Jeanine Añez en el proceso de la transición, y más tarde varios asumieron cargos en el Estado.
A éstos se sumaron los cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Según fuentes del gobierno de transición, Camacho, junto a Pumari, “ingresó a Palacio de Gobierno con una lista”, y logró acomodar a al menos ocho de sus allegados en ministerios.
Núñez, Zamora, Ortiz, Murillo, Pinckert y Capobianco fueron ministros. Santamaría y Quispe fueron fueron viceministros, este último también fue director del Fondo de Desarrollo Indígena. Landívar fue jefa de Gabinete; según otra fuente de esa gestión, nadie podía tener una reunión con la gobernante si no “pasaba por su filtro”.
Ese informante también indicó que Barrientos fue el “operador político de los Demócratas en el gobierno de Añez” e hizo nombrar “a varios viceministros”.
Una revisión de sus redes sociales y de medios de comunicación da cuenta de que ninguno de los mencionados hizo un pronunciamiento sobre la expresidenta, desde el lunes, cuando el juicio entró en la recta final.
Sobre la actitud de estos políticos, que fueron cercanos a Añez cuando asumió el poder, Carolina Ribera, su hija, señaló: “Como dijo mi madre: la Historia y Dios los van a juzgar; cada una es responsable de sus actos y que quede en su conciencia, si es que la tienen”.
Cuando comenzó la fase final del caso golpe II, quienes se pronunciaron fueron algunos parlamentarios de la oposición, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, y el empresario y político Samuel Doria Medina.
Página Siete llamó y envió mensajes a Ortiz, quien respondió que en marzo del 2021 se pronunció sobre la detención de Añez. Barrientos no contestó y Quispe declaró: “Soy un hombre perdedor de la Gobernación y estoy lamiendo mis heridas como perro, junto a mis chivos”.
“Malagradecidos”
El exdiputado Amílcar Barral calificó de “malagradecidos” a estos exparlamentarios y excívicos que se “arrimaron cuando Añez estaba en la cúspide”. Agregó que muchos de ellos ni siquiera estuvieron en las protestas.
“Camacho ha brillado por su ausencia y ha sido el que ha encabezado esto y más rédito ha sacado. Ortiz también guardó silencio, que era uno de los hombres fuertes junto a Núñez y Murillo, era un entorno muy cerrado. Ha habido más de 20 ministros que han repartido pegas y cometieron hechos de corrupción, que han desaparecido y ni siquiera le envían un mensaje de solidaridad a Añez”, aseveró.
Barral señaló que le parece sospechoso que en estos procesos -casos golpe I y II- no tocaron a ningún político de Santa Cruz. A su vez, cuestionó a Demócratas por “abandonar” a la expresidenta y afirmó que “siempre fueron traicioneros y se ponían de lado de donde el sol brillaba mejor”.
Nadia Beller, excandidata a legisladora, calificó de “cobardes” a estos políticos, por dejar sola a Añez. Añadió que sólo estuvieron en los momentos clave para -aseguró- aprovecharse de la lucha del pueblo para obtener un cargo en el Ejecutivo.
“Se pronunciaron las mujeres de Venezuela, la UE, y ellos no dijeron nada. Lamentablemente a la hora de cosechar de la lucha del pueblo aparecen todos, pero a la hora de asumir las consecuencias de sus errores, todos se esconden. Fueron desleales y cobardes, muchos no eran ya nada, tampoco iban a las protestas, pero llegaron a servirse de la lucha del pueblo”, sostuvo.
Beller expresó que no puede ser una excusa que su silencio se deba a que corran el riesgo de ser perseguidos. Primero, porque no se puede iniciar un proceso por expresar solidaridad; y segundo, porque al Gobierno no le conviene engrosar su lista de perseguidos políticos.
